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La alcaldesa de Barcelona parece estar atravesando un momento delicado en el que se le imputan delitos consistentes en el desvío de fondos públicos hacia entidades afines.

Al estar imputada por malversación, Colau tendrá que acudir a declarar el próximo 4 de marzo al juzgado de instrucción número 21 de Barcelona. Los delitos que se le atribuyen se habrían producido presuntamente en la concesión de ciertas ayudas bajo la forma de contrato menor, o sin publicación, a entidades en las que la alcaldesa habría trabajado antes de ocupar su cargo público.

Estas ayudas habrían sido concedidas al Observatori DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Enginyers Sense Fronteres.

Niega totalmente su implicación

Colau niega en todo momento que haya tenido ninguna relación con la concesión de esas ayudas y afirma que se trata de cuestiones que ya fueron investigadas por la fiscalía y archivadas.

Según la alcaldesa, la entidad que está detrás de la denuncia podría ser una entidad que trata de desacreditar al actual Gobierno. Se trata de una asociación que habría impedido que se haga una consulta ciudadana sobre la gestión del agua y que habría interpuesto un recurso para impedir la municipalización del agua en Valladolid.

Según Colau, no tiene ningún sentido que ella sea imputada, ya que no intervino en ningún momento en la concesión de esas ayudas, que fueron gestionadas directamente por el Àrea de Drets Socials.

Los delitos que darían lugar a esta demanda son prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario público.

Colau pide el archivo de la causa

Según la alcaldesa, no sería el único caso que se trata de abrir en su contra y que acaba archivándose por falta de pruebas. En este caso, lo que la alcaldesa pide al juzgado es que la causa se archive como las anteriores.

Sin embargo, el juez ha determinado que el sobreseimiento podría decretarse solo tras haber investigado los hechos y determinar que no hay delito. Para la investigación se han solicitado todos los contratos firmados con estas entidades, ya que los demandantes consideran que estas ayudas solo se han concedido para financiar los salarios, las actividades y el funcionamiento de las organizaciones afines.

El importe total producto del delito que se imputa a Colau sería de 80 millones de euros, que se habrían repartido entre los años 2019 y 2020. Además, el Ayuntamiento establece que el importe de estas subvenciones rondaría los 1,2 millones de euros en cuatro convenios firmados entre 2014 y 2022.

Se trata, por tanto, de una situación que los juzgados tendrán que dilucidar con la declaración de la alcaldesa, en marzo, para establecer si finalmente han existido o no esos delitos y tomar las decisiones oportunas.

Una situación nada positiva para el gobierno de Colau, que tiene que mantener su credibilidad política ante sus votantes.

 

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